EL JUEZ OYARBIDE CONSIDERO AL JEFE DE GOBIERNO PORTEÑO INTEGRANTE DE UNA ASOCIACION ILICITA QUE SE DEDICABA A LAS ESCUCHAS ILEGALES

Mauricio Macri

La causa por las pinchaduras telefónicas, revelada meses atrás por Página/12, terminó anoche con el procesamiento del jefe de Gobierno, un hecho inédito. La resolución incluyó a Narodowski, Fino Palacios y dos ex jueces misioneros. Montenegro fue sobreseído.

El juez federal Norberto Oyarbide procesó anoche al jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, por los delitos de violación de secretos, abuso de autoridad, falsificación de documentos públicos, en concurso con la participación en una asociación ilícita. En la causa por espionaje ilegal –revelado en su momento por Página/12–, el magistrado le imputó a Macri responsabilidad en la escucha que tuvo como víctima a su cuñado, Daniel Leonardo. Cuando se habla de falsificación de documentos públicos, hace referencia a que se armó una causa falsa contra Leonardo en Misiones para justificar la escucha telefónica ilegal. El procesamiento a Macri es sin prisión preventiva, pero con un embargo de 250.000 pesos. El juez también procesó a los dos jueces de Misiones, José Luis Rey y Horacio Gallardo, por los mismos delitos, y amplió la acusación contra Jorge “Fino” Palacios, acusándolo del espionaje en cinco casos más. Respecto del ex ministro de Educación porteño Mariano Narodowski consideró que fue encubridor, porque le firmó un contrato a Ciro James como asesor, sin que el espía hiciera trabajo alguno. Por último, el magistrado sobreseyó al ministro de Seguridad, Guillermo Montenegro.

No faltan quienes sostienen que Oyarbide tomó esta decisión para esquivar la recusación de Montenegro, que ahora llegó a la Cámara de Casación. Otros afirman que lo único que relaciona a Montenegro con el espionaje es que James estuvo en el ministerio varias veces y que había entrado a la Metropolitana, pero que no hay un elemento puntual, un interés específico, como el de Macri con su cuñado.

A las 20 de ayer, el juez convocó a las partes para firmar delante de ellos el fallo. Citó a los abogados de los imputados y al fiscal Alberto Nisman. Estaba también presente el secretario letrado, Gustavo Russo. Como los fundamentos son muy extensos, Oyarbide resolvió que recién los va a entregar a partir del lunes, por lo que anoche sólo firmó la parte resolutiva, es decir, los procesamientos y el sobreseimiento.

Desde el vamos, Macri trató de instalar la idea de que en el expediente no hay nada en su contra y que por lo tanto toda la causa es una maniobra política, supuestamente armada por el gobierno nacional en complicidad con el juez Oyarbide. Ayer, insistió con los mismos argumentos. Sostuvo que el procesamiento “estaba escrito antes de comenzar la causa” y que el kirchnerismo está “dispuesto a dañar” a todo aquel que se le oponga, en este caso él.

Sin embargo, quienes tuvieron acceso a la causa aseguran que no es común ver un expediente sobre espionaje con tanta cantidad de pruebas: jueces que armaron expedientes falsos por homicidio y robo, órdenes escritas para realizar las escuchas, un jefe policial que habla con el espía interviniente casi 200 veces, el mismo espía que retira personalmente las escuchas, un contrato falso en el Gobierno de la Ciudad y el espionaje contra un familiar directo.

Una muestra más de la falta de respeto y de amor a la democrácia de los líderes PRO; con ayuda de la ya conocida GOLPISTA Mirtha Legrand.

Fue allanado un local de Unión-Pro de Francisco de Narváez y Mauricio Macri que es manejado por el puntero Marcelo Perez, esposo de la candidata a concejal Romina Bichara.
Lejos de la sorpresa; ese mismo local resultó ser un desarmadero de autos, donde se esconden miles de piezas de autos con pedido de caputra.
No es nada nuevo en el ámbito de un señor que llama al Rey de la Efedrina pero no sabíamos que era tan alevoso.

Local PRO-DESARMADERO

El lugar lo maneja el puntero Marcelo Pérez, casado con Romina Bichara, candidata a concejal en el partido de De Narváez. La policía hizo en total siete redadas en tres cuadras para encontrar un megadesarmadero.

La investigación sobre la existencia de un desarmadero clandestino en Florencio Varela tuvo su momento culminante el viernes, con la realización de siete allanamientos, uno de ellos en un local de la alianza Unión-PRO, que encabezan Francisco De Narváez y Mauricio Macri. El dueño del local, y de la vivienda aledaña, que también fue allanada, es Marcelo Alberto Pérez, puntero político casado con Romina Samantha Bichara, cuarta candidata a concejal por Unión Celeste y Blanca, el partido de De Narváez, según confirmaron fuentes judiciales. La información asegura que en galpones y predios ubicados en tres manzanas situadas entre el 300 y el 500 de la avenida Monteverde, en el límite geográfico entre Varela y San Francisco Solano, se encontraron unas 14 mil puertas de autos, seis mil capots, tres mil paragolpes y 68 motores sin identificación. El caso es investigado por el juez federal de Quilmes Luis Armella, quien ordenó clausurar todos los sitios allanados. Ayer por la noche seguía el recuento de las autopartes encontradas. “Todas ellas tienen origen dudoso, ya que ninguna cuenta con los comprobantes que certifiquen que se trata de mercadería legal”, confió una fuente policial consultada por Página/12.

El caso comenzó a partir de una denuncia anónima presentada ante la Dirección Nacional de Fiscalización de Desarmaderos y Autopartes, a cargo de Juan Sassano, que depende del Ministerio de Justicia de la Nación. El juez Armella ordenó el viernes la realización de varios allanamientos. En uno de ellos se comprobó que se trataba de un local partidario de la alianza Unión-PRO. En la fachada de la sede, en Monteverde 458, se puede leer una consigna política que dice: “Marcelo Perez conducción”.
El nombrado es propietario del lugar y de la vivienda familiar aledaña. Una fuente allegada a la investigación sostuvo que el mismo local ha sufrido, en los últimos años, “al menos dos operativos similares”. Una versión dijo que Pérez fue detenido, pero las fuentes le aclararon a este diario que el juez Armella “ordenó el recuento de autopartes, que esta noche (por ayer) prosigue, pero todavía no se han dispuesto detenciones”.

Los allanamientos se hicieron en la mañana del viernes. En el caso intervino la Dirección de Prevención Federal de la Policía Federal, que por lo general se ocupa de controlar delitos ambientales. Los lugares requisados por la policía fueron galpones y predios que se apiñan sobre la avenida Monteverde, entre el 300 y el 500, incluyendo el local de Unión-PRO y la casa en la que viven Marcelo Pérez y su mujer. Los procedimientos fueron conducidos por el doctor Sassano. En el primer piso del local partidario se encontraron autopartes y en la vivienda de Pérez, una escopeta que fue incautada por la policía.

“Lo que nosotros confirmamos es que el local está identificado con Unión-PRO, aunque también sabemos que algunos dirigentes de la alianza llamaron para desmentir cualquier vinculación con los hechos”, explicó a este diario una fuente policial. Lo cierto es que Marcelo Pérez es puntero político del partido de De Narváez y que su esposa, Romina Samantha Bichiaro, es cuarta candidata a concejal por Unión Celeste y Blanca, el partido de De Narváez, para las elecciones del 28 de junio, según puede constatarse en la página web de la organización política.

En la investigación se habría constatado, en principio, que debe aplicarse la ley 25.761, que reprime el funcionamiento de desarmaderos y el comercio ilegal de autopartes. “Todas las piezas encontradas carecen de los stickers con código de barra, tal como establecen las normas legales vigentes desde hace más de cinco años”, comentó a este diario una fuente policial. También se habrían comprobado contravenciones a la Ley 24.051, sobre contaminación ambiental. “Todo parece indicar que no hay tratamiento para los líquidos que se desprenden de los autos acumulados en los predios, de los radiadores, de los tanques de combustible. Todos esos desechos fueron volcados sobre los terrenos, sin tomar en cuenta que se trata de un lugar poblado, con muchas casas aledañas que son víctimas directas de lo que se ha estado haciendo”, precisó la fuente.

Los galpones y locales quedaron clausurados y con consigna policial en los accesos. Hubo un nuevo operativo ayer al mediodía, en un galpón ubicado en Pizzurno y Quiroga. Allí fue donde aparecieron las 14.000 puertas de autos. También hallaron parabrisas, tapas de cilindros, cristales de puertas, espejos, tanques de combustibles, motos semidesarmadas, amortiguadores, campanas de freno, columnas de dirección e instrumental. Se dijo que todos los lugares pertenecen o son alquilados por Marcelo Alberto Pérez, de 40 años, a quien se señaló como dirigente de Unión-PRO en la zona. Los allanamientos del viernes comenzaron a las 11.30 y esa vez se encontraron unos 60 vehículos desmantelados, restos de otros 3000, patentes de coches con pedido de captura y 70 llaves.

Anoche no se descartaba la posibilidad de que el juez Armella disponga nuevos allanamientos en los próximos días.

Entonces, no solo Francisco De Narváez es amigo del rey de la efedrína sino que además se dedica a los desarmaderos de autos.
UNA VERGUENZA.

Fuente: Pagina 12

El candidato colombiano de Unión-Pro no puede justificar un incremento del 900% en su patrimonio (declarado).

La AFIP respondió a la justicia que De Narváez no puede justificar un incremento de 900 por ciento de su patrimonio en el último lustro.
Esos fondos provienen de fideicomisos de existencia no probada, en paraísos fiscales. Entre ellos, préstamos por millones de dólares de uno de sus hijos, cuyos ingresos anuales no pasan de 25.000 pesos. Estas operaciones sospechosas darán lugar a una denuncia ante la UIF, que investiga el lavado de dinero.

De Narváez y su amigo Mario Segovia "El rey de la efedrína"

Por Horacio Verbitsky

Francisco de Narváez no puede justificar un incremento patrimonial del 900 por ciento en el lustro 2004-2008, informó la Administración Federal de Ingresos Públicos al fiscal federal de Mar del Plata Claudio Rodolfo Kishimoto, quien había abierto una investigación sobre el filántropo colombiano. Los incrementos patrimoniales no justificados a partir de 2005 se deben al ingreso de fondos del exterior provenientes de fideicomisos cuya existencia el ente recaudador no considera probada. Según la AFIP se trata de operaciones sospechosas que deberán ser informadas a la Unidad de Información Financiera (UIF), el organismo que se encarga de perseguir las operaciones de lavado de dinero de origen ilegal.

Las Otras Causas

Otras investigaciones que involucran a De Narváez se desarrollan en el juzgado federal de Zárate-Campana y en el juzgado Nº 1 del fuero penal económico de la Capital por cuatro llamados que se hicieron en 2006 desde uno de sus teléfonos celulares a Mario Roberto Segovia, detenido y procesado al año siguiente por tráfico de efedrina hacia México y contrabando de DVD y CDs vírgenes.
Las dos causas corren por cuerda separada y su unificación sólo podría ocurrir si en algún momento se estableciera que las operaciones que la AFIP considera sospechosas se originan en una actividad criminal. Por eso resultó tan llamativo que el mismo abogado, Mariano Cúneo Libarona, representara a Segovia en la causa de la efedrina y a De Narváez en los asuntos corporativos de una de sus principales empresas, el canal de televisión América 2, donde es socio del ex ministro del Interior de Carlos Menem José Luis Manzano.
Cúneo Libarona y Manzano son dos de los más reconocidos expertos del país en enredar causas judiciales.
De Narváez sostiene que esas causas constituyen la parte sucia de la campaña electoral y su socio político Mauricio Macri alega que el gobierno nacional manipula a los jueces. Sin embargo De Narváez no niega la existencia de las cuatro llamadas, que la compañía telefónica Nextel informó al juez Ezequiel Berón de Astrada en julio de 2007, cuando De Narváez no constituía ninguna preocupación electoral para nadie.
Ante la publicación de la planilla en esta página, dijo que sus empresas tenían una flota de 1100 teléfonos celulares. Pero en varios reportajes radiales admitió que sólo 28 son de uso de su familia y del personal más próximo a su servicio. El aparato desde el cual se hicieron los llamados estaba en poder de Danilo Coronel, el empleado de confianza que llevaba y traía a sus hijos. Según fuentes del juzgado a cargo de Federico Faggionato Márquez un testigo de identidad reservada declaró durante cinco horas en la causa de la efedrina y mencionó a De Narváez, pero no acceden a revelar qué es lo que dijo, porque entorpecería el necesario secreto de la investigación. Ese es el aspecto más grave de la cuestión, porque el lavado de dinero originado en las actividades que se investigan en esa causa (artículos 5 y 6 de la ley 23.737) puede constituir un delito federal, penado con prisión de ocho a veinte años y decomiso de todos sus bienes para los organizadores o financistas.

Declaraciones Juradas

La respuesta de la AFIP al requerimiento judicial incluye un cuadro comparativo de las justificaciones patrimoniales que presentó De Narváez en sus declaraciones juradas de los últimos cinco años. Allí se observa un crecimiento patrimonial de casi el 900 por ciento, debido a rentas exentas de impuestos originadas en fondos provenientes de fideicomisos constituidos en el exterior. La renta gravada que declaró De Narváez entre 2007 y 2008 fue de 670.000 pesos, contra casi 70 millones de rentas exentas, más de 30 millones de donaciones a sus hijos y a distintas fundaciones y otros 30 millones de consumo personal. En ese lapso pagó impuestos por 200 mil pesos, por lo menos cien veces menos de lo que correspondería si las rentas que declaró como exentas fueran en realidad gravadas, como entiende la AFIP.

Números Sospechosos

De Narváez declaró haber recibido en 2005 sesenta millones de pesos en herencia de su madre, Doris Steuer. Pero la AFIP sostiene que no se probó en forma documental que esa herencia tuviera relación con los fideicomisos en el exterior desde los cuales De Narváez recibió los fondos. En 2001, Doris Steuer aportó acciones de la sociedad uruguaya La Barquera a un fideicomiso constituido en el paraíso fiscal de Liechtenstein, en beneficio de sus hijos, nietos y bisnietos. A su muerte, en 2004, la declaración de los herederos no mostró un incremento patrimonial correspondiente a la resolución de aquel fideicomiso, llamado The Tradition Trust, a raíz de lo cual la AFIP inició su investigación. Como fiduciarios de ese trust Doris Steuer había investido a otras dos compañías, JF Worthy Trust y Treuco Establishment. De Narváez presentó fotocopia de una comunicación de los fiduciarios de Tradition Trust, en la que le comunican que debido a una compleja situación familiar y para evitar disputas entre los herederos acordaron no efectuar pagos directos a los beneficiarios y en su lugar constituir en Nueva Zelanda un nuevo fideicomiso, Flint Trust. En ese laberinto de firmas constituidas en distintos países, Treuco Trust Company Limited es fiduciario del Flint Trust, del que De Narváez declaró haber recibido 39,5 millones de dólares entre 2005 y 2006, pero sin aportar la documentación que le solicitó el organismo estatal. No hay ninguna explicación que haga comprensible de qué modo los sesenta millones de pesos que De Narváez dijo haber recibido de su madre pudieron convertirse en los casi 40 millones de dólares que declaró haber recibido del Flint Trust. La compleja situación familiar que menciona la nota de los fiduciarios del Tradition Trust es la que existe entre De Narváez y su hermano mayor Carlos, quienes se detestan y no se dirigen la palabra desde hace veinte años, cuando se disputaron la administración de la empresa familiar. Carlos, quien actuaba en el mercado inmobiliario y el de la construcción, era el creativo y tenía a su cargo la planificación de los locales de la cadena de tiendas Casa Tía mientras Francisco dirigía la operación comercial. Como la relación era cada día más difícil, los dos hermanos pidieron a la madre que les otorgara en exclusividad la conducción del negocio creado por su abuelo Carlos Steuer, quien huyó de Checoslovaquia en la década de 1930 cuando Adolf Hitler comenzó la persecución a los judíos de toda Europa. Doris Steuer se negó a elegir entre sus hijos y El Colorado empleó los métodos expeditivos con que ahora se propone tomar por asalto el sistema político: según relató para esta nota un empleado de aquella época, De Narváez llamó a una empresa de mudanzas, vació el despacho de su hermano y puso todo lo que contenía en la vereda sobre la avenida Santa Fe. En comparación con el trato que De Narváez dio a su hermano mayor, Felipe Solá no tiene de qué quejarse.

Oportunidad

En 2005 la DGI había realizado observaciones a De Narváez por su declaración del impuesto a las ganancias del año anterior. Su respuesta fue que había recibido un préstamo de su hijo homónimo por tres millones de dólares. Pero esa operación no figuraba en la declaración jurada de Francisco de Narváez (h.).
El 31 de diciembre de ese año, el hijo rectificó su declaración e incluyó el presunto préstamo a su padre. Afirmó que esos fondos provenían de un préstamo obtenido de la firma Opportunity Holdings Ltd., de Jersey, en las Islas del Canal. Sostuvo que Opportunity no le requirió avales ni garantías y que le depositó los tres millones de dólares en una cuenta en el banco Credit Suisse de Suiza. Los fondos se acreditaron en la cuenta del hijo en dos partes, el 13 y el 25 de mayo de 2004, y las mismas cantidades se transfirieron el 14 y el 26 a una cuenta del padre en el mismo banco suizo. Pero el patrimonio declarado por De Narváez (h.) apenas llegaba a los 250.000 dólares y sus ingresos no pasaban de los 25.000 pesos al año, lo cual indica que no tenía capacidad de repago. Esto torna incomprensible que se le haya otorgado un préstamo por tres millones de dólares, sin garantías ni avales. También la devolución de ambos préstamos es extraña: entre setiembre y noviembre de 2005 De Narváez pagó a su hijo con cheques que ingresaron en forma directa al Grupo De Narváez como aportes de Francisco de Narváez (h.). A su vez el hijo devolvió el préstamo a Opportunity Holdings con fondos provenientes de Franchil Trust, otro fideicomiso constituido en Jersey, Islas del Canal.
La AFIP le pidió que acreditara que los fondos habían sido previamente declarados o provinieran de actividades realizadas por terceros en el extranjero, pero De Narváez (h) no presentó ninguna documentación.

Según la AFIP De Narváez no aportó documentos constitutivos de los fideicomisos ni sus balances, que permitieran justificar los fondos que recibió. Esta nebulosa impide al fisco conocer los montos que capitalizaron los supuestos fideicomisos y las utilidades generadas que deberían pagar impuestos en la Argentina. En consecuencia la AFIP los considera como incremento patrimonial no justificado. Como además el caso encuadra en la normativa vigente sobre operaciones sospechosas (“detección de justificaciones de incrementos patrimoniales con sustento en operaciones internacionales que no puedan ser probadas por el contribuyente”), las pondrá en conocimiento de la UIF, que es el órgano especializado en lavado de dinero.

Fuente: Página 12